Sexto Congreso Internacional de Delitos Asistidos Tecnológicamente

El pasado 29 de abril tuve la oportunidad de asistir presencialmente al Sexto Congreso Internacional de Delitos Asistidos Tecnológicamente, un evento que plantea un análisis urgente sobre los desafíos a los que nos enfrentamos en la era digital. A lo largo de la jornada, el foco principal estuvo puesto en una urgencia que nos toca de cerca a todos: la protección de los menores frente al cibercrimen.

Escuchando de primera mano las exposiciones de fiscales especializados y expertos en ética tecnológica, quedó en evidencia el aumento exponencial de delitos transnacionales complejos, tales como la explotación sexual infantil, el grooming y la creciente ludopatía digital en los más jóvenes. Sin embargo, lo más alarmante es cómo estos riesgos se ven cada vez más potenciados por el avance de la inteligencia artificial, la llegada de la "economía agéntica" y la creación de identidades sintéticas o clones digitales que facilitan la extorsión y el engaño a niveles inéditos.

Frente a este complejo panorama de vulnerabilidad, me llevé una conclusión muy clara de los especialistas: la solución no radica en la simple prohibición de los dispositivos o las redes sociales. Por el contrario, el verdadero desafío es impulsar una profunda transformación de nuestro sistema educativo que promueva la alfabetización digital, el pensamiento crítico y la "soberanía cognitiva" desde edades tempranas. Todo esto, por supuesto, apoyándose a su vez en la constante especialización y cooperación entre la justicia, las fuerzas de seguridad y el sector privado tecnológico.

La Inteligencia Artificial y el Estado: Desafíos, Ciberdelito y el Futuro de la Educación

El avance de la Inteligencia Artificial (IA) está transformando nuestra sociedad a un ritmo sin precedentes, y las instituciones del Estado se encuentran justo en el centro de esta tormenta. Durante el Sexto Congreso Internacional de Delitos Asistidos Tecnológicamente, fiscales y especialistas en ética tecnológica dejaron algo muy claro: el Estado está corriendo detrás de la tecnología, y los riesgos para los ciudadanos, especialmente los menores de edad, se están multiplicando exponencialmente.

¿Cómo deben reaccionar los gobiernos y la justicia ante un panorama donde lo digital se mezcla con lo físico?

El aparato de seguridad del Estado se enfrenta a un cambio de paradigma brutal. Cris Meniu, experto en ética tecnológica, advierte que el mayor peligro inminente para la sociedad no es solo quién está detrás de una pantalla, sino la llegada de la "economía agéntica".En el corto plazo, conviviremos con entidades autónomas o "agentes de IA" que no son humanos. Los ciberdelincuentes hoy pueden tomar cinco fotos y unos pocos segundos de audio de cualquier persona para crear identidades sintéticas o clones digitales. Esto facilita extorsiones, creación de material de abuso y engaños a una escala masiva. Frente a estos delitos, que además son transnacionales, la justicia estatal y las fuerzas de seguridad están obligadas a reinventar sus métodos de investigación.

El debate estatal: ¿Prohibición o Alfabetización Digital?

Un gran dilema para las políticas públicas es cómo proteger a los jóvenes. Mientras que en varios países el Estado está optando por leyes restrictivas —como prohibir los celulares en las escuelas o vedar el acceso a redes sociales para menores—, los expertos argumentan que la censura no es el camino correcto.Las redes sociales ya no son el problema principal; el verdadero desafío es la Inteligencia Artificial. La gran deuda del Estado radica en replantear un sistema educativo que ha quedado obsoleto, enseñando contenidos del siglo pasado. Se requiere urgentemente una alfabetización digital impulsada desde las escuelas públicas y privadas que fomente el pensamiento crítico y la "soberanía cognitiva". Si el Estado simplemente prohíbe las herramientas, dejará a las futuras generaciones sin las habilidades necesarias para conseguir trabajo y sobrevivir en un mundo dominado por la IA.

La especialización de la Justicia Pública

A pesar del escenario preocupante, el Estado también está demostrando capacidad de adaptación. Funcionarios del Ministerio Público Fiscal destacan que la clave para combatir esta ola tecnológica es la creación de fiscalías altamente especializadas.Antes, los casos de cibercrimen o ludopatía infantil se sorteaban entre decenas de juzgados con criterios dispares. Hoy, centralizar estas investigaciones en organismos especializados permite a los funcionarios judiciales unificar estrategias, entender las mecánicas del ecosistema digital, y trabajar codo a codo con la policía y las empresas privadas de tecnología

En definitiva, para que el Estado pueda proteger a sus ciudadanos en la era cognitiva, sus instituciones y funcionarios deben "aprender a desaprender". La Inteligencia Artificial no es buena ni mala por sí sola; simplemente amplificará lo que ya somos. Dependerá de las políticas de Estado, la educación y la constante actualización judicial lograr que esta amplificación sea un motor de desarrollo y no una amenaza incontrolable.

La avalancha de alertas: El rol clave del NCMEC

Para entender la magnitud y la gravedad de este ciberdelito, es fundamental observar el trabajo articulado con organismos internacionales como el NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children). Esta entidad actúa como un núcleo mundial que tiene convenios con las principales empresas tecnológicas —como Meta, X y Microsoft—, las cuales le reportan automáticamente cualquier detección de tráfico de material de abuso sexual infantil en sus plataformas.A nivel local, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires encabeza la recepción de todos los reportes del NCMEC que son enviados a la Argentina, para luego derivarlos a la jurisdicción competente.

Las cifras expuestas por las autoridades judiciales durante el congreso reflejan una realidad alarmante: tan solo el año pasado ingresaron al país 157.783 reportes, lo que equivale a un promedio de 300 alertas diarias. Es vital comprender que cada uno de esos reportes representa fotografías o videos reales de niños, niñas, adolescentes e incluso bebés siendo víctimas de abuso sexual.

El crecimiento de la distribución de este material se retroalimenta de forma exponencial. A modo de comparación, en todo el año 2016 se habían recibido 8.840 reportes; una década después, esa misma cantidad se supera holgadamente en un solo mes, incluso durante febrero, que es el mes más corto del año.

Equipos Especializados: La primera línea de defensa del Estado

Para hacer frente a una criminalidad que evoluciona a un ritmo vertiginoso, el sistema judicial ha tenido que transformar su estructura de raíz. En el pasado, cuando se presentaba un caso de cibercrimen, este era sorteado al azar entre unas 40 fiscalías diferentes, lo que generaba un escenario caótico con decenas de criterios de investigación distintos para un mismo problema.

Hoy, la clave de la estrategia estatal radica en la especialización. El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MPF CABA) se ha posicionado a la vanguardia en Latinoamérica al crear organismos específicos, como la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI) y la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA). Al concentrar los casos en estos equipos, se logra unificar la política criminal, comprender profundamente la mecánica del ecosistema digital y actuar con mayor rapidez.

Como explicaron los funcionarios durante el congreso, estos no son delitos comunes que puedan abordarse con métodos tradicionales. Se trata de organizaciones criminales complejas y transnacionales, donde un agresor puede estar a dos continentes de distancia de la víctima. Por esta razón, el éxito de estos equipos especializados depende de dos factores cruciales: la capacitación constante de los investigadores para entender cómo funcionan las nuevas plataformas, y la cooperación estrecha con las empresas privadas de tecnología y telecomunicaciones, quienes poseen los datos fundamentales para rastrear a los delincuentes.

La magnitud del trabajo que realizan estas fiscalías queda en evidencia al observar los resultados concretos de sus investigaciones. Solo durante el año 2025, y contabilizando únicamente aquellos casos donde ya existen personas imputadas o condenadas, el equipo de la UFEDyCI dedicado a la explotación sexual infantil logró secuestrar 35.389 fotografías y 201.150 videos. En total, estamos hablando de más de 235.000 archivos recuperados en un solo año, que involucran a un estimado de 437.000 víctimas.